Gestión de impactos sociales

Regional

Regional Oriente Orinoquia

Operación

Oriente: Meta; Puerto Gaitán.

Orinoquía: Meta; Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla La Nueva, Cumaral, Restrepo, San Martín, Cubarral, El Dorado, San Carlos de Guaroa, Puerto López, Puerto Lleras.

Descripción comunidad impactada

Oriente: La economía local combina sectores como el agropecuario, minería, energía y servicios industriales, con expectativas crecientes en este último sector. La cercanía a Ecopetrol ha generado empleos. Persisten desigualdades, especialmente en zonas rurales y para mujeres que enfrentan barreras laborales y de liderazgo.

En educación, las zonas urbanas cuentan con acceso hasta nivel superior, mientras que en las zonas rurales hay menor escolaridad y limitada infraestructura.

La organización social depende de liderazgos comunitarios y juntas de acción comunal en comunidades campesinas, y de estructuras como resguardos, cabildos y parcialidades de pueblos indígenas, que facilitan la mediación y gestión de recursos y proyectos.

En infraestructura sanitaria, las áreas urbanas están mejor equipadas; las rurales carecen de agua potable y saneamiento adecuado, aunque hay proyectos de mejora apoyados por Ecopetrol y autoridades locales.

La gobernanza institucional muestra colaboración entre Ecopetrol y autoridades, participación en decisiones sobre recursos e infraestructura, y el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana para promover el diálogo y la transparencia en proyectos sociales y ambientales.

Orinoquía: La economía local se basa en agricultura, ganadería y servicios industriales. Persiste la baja participación femenina en el liderazgo y empleo formal, aunque hay avances mediante programas sociales y educativos impulsados por la industria.

Existen brechas educativas en zonas rurales, mientras que cerca de las operaciones de Ecopetrol se ofrecen capacitaciones técnicas para mejorar el empleo y la autosuficiencia.

La organización social gira en torno a liderazgos locales, JAC, gremios y grupos ambientales, que gestionan necesidades ante instituciones. La infraestructura sanitaria es limitada, especialmente en agua potable y saneamiento en áreas rurales. El diálogo con autoridades y comunidades ha impulsado mayor rendición de cuentas y transparencia institucional en la región.

Impactos Identificados

Oriente:

1. Modificación de accesibilidad, movilidad y conectividad local: Afectación a vía de uso compartido especialmente en la época invernal (Caño Sur – Rubiales y Alto Neblinas-Rubiales).

2. Generación de conflictos sociales:

• Vías de hecho principalmente por contratación de bienes, servicios y mano de otra local.
• Dificultades en el relacionamiento de comunidades étnicas con no étnicas y con la institucionalidad por diferencias en la cosmovisión y en las concepciones del desarrollo del territorio.
• Expectativas de inversión que desbordan las posibilidades reales de la industria.

3. Modificación de las actividades económicas de la zona y de las vocaciones productivas por parte de quienes habitan el territorio.

4. Cambio en las variables demográficas: Incremento de la densidad poblacional por dinámicas migratorias atribuibles a la industria.

5. Impactos acumulativos relacionados específicamente con la proliferación de lugares de hospedaje para el alojamiento de personal.

6. Cambio en el uso social del suelo de vocación agropecuaria hacia la presentación de servicios, específicamente de hospedaje.

Orinoquía

1. Generación de conflictos sociales: Surgimiento de nuevos actores locales (agremiaciones, asociaciones, sindicatos y grupos ambientalistas) buscando respaldo social, político bajo la premisa ambiental.

• Conflictos entre comunidad-comunidad y comunidad-industria por la participación laboral de mano de obra local no calificada.
• Oposición por la presencia de la industria en la región por parte de grupos ambientalistas y organizaciones sociales por el cambio en el uso del suelo.
• Conflictividad por nuevos proyectos en la línea de bajas emisiones: Inconformidad por diferencias salariales y volumen de contratación de mano de obra en proyectos de bajas emisiones en comparación con actividades propias de la industria de hidrocarburos. 
• Conflictividad generada por desinformación por parte de grupos ambientalistas en cuanto a los impactos ambientales potenciales generados por la industria, especialmente sobre acuíferos subterráneos y superficiales dado que es recurrente para los estudios que actualmente se están adelantando para esta regional.

2. Modificación de las actividades económicas de la zona: Deficiencia en las condiciones de empleo e incumplimiento de obligaciones laborales por parte de empresas contratistas.

Medidas de manejo

Oriente: Se promueve la comunicación transparente con autoridades y comunidades sobre la operación, uso y mantenimiento de la vía. Mejoramiento de la vía mediante alianzas entre entidades públicas y empresas privadas.

Mesas de trabajo conjuntas para coordinar la gestión territorial y anticipar el diálogo social. Se gestiona con contratistas para reducir impactos ambientales y sociales.

Los programas comunitarios se ejecutan según lo acordado con ANH. Fortalecimiento al emprendimiento, la productividad y la capacitación técnica. Las Juntas de Acción Comunal reciben apoyo en gestión y participación ciudadana.

Diálogo con autoridades para adaptar estrategias al cambio demográfico. Se acuerda con entes reguladores la formalización de servicios de alojamiento en zonas de influencia.

Orinoquía: Se informa y comunica con respaldo institucional y diálogo multiactor. Se construyen visiones compartidas del territorio y se sensibiliza sobre el rol de la industria en la región.

Existen mesas de trabajo con operadoras para la gestión territorial y atención a impactos. Hay canales activos para resolver PQRS y prevenir conflictos. Se fortalece el trabajo comunitario y la transparencia. Los programas para las comunidades cumplen lo exigido por la ANH.

Se fomenta la inclusión en estudios ambientales siguiendo el Acuerdo de Escazú. Se impulsa la diversificación económica fortaleciendo competencias y vocaciones productivas fuera del sector petrolero.

Regional

Regional Andina Sur Pacífico

Operación

Centro Occidente: CUNDINAMARCA (Ubalá, Medina, Paratebueno, Guaduas, Puerto Salgar); BOYACÁ (Santa María); TOLIMA (Carmen de Apicalá, Ortega, Espinal y Melgar).

Andina Sur: HUILA (Aipe, Neiva, Palermo, Tello, Yaguará y Villavieja); PUTUMAYO (Orito, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, San Miguel, Ipiales)

Descripción comunidad impactada

Centro Occidente: Las comunidades de Cundinamarca, Tolima y Boyacá, cercanas a operaciones de hidrocarburos, enfrentan vulnerabilidades socioeconómicas que limitan su desarrollo. Las mujeres tienen restricciones en el acceso a empleos formales y liderazgo, aunque existen iniciativas de inclusión.

El bajo nivel educativo en zonas rurales reduce las oportunidades laborales, especialmente fuera del sector extractivo. Las juntas de acción comunal y organizaciones locales cumplen un rol clave, pero su capacidad de gestión es limitada frente a necesidades complejas.

El acceso a agua potable y saneamiento es insuficiente, afectando la calidad de vida y la salud pública. La distribución desigual de recursos y la escasa coordinación entre autoridades y empresas dificultan un desarrollo equitativo. En conjunto, las comunidades enfrentan barreras en género, educación, infraestructura y gobernanza, lo que restringe su progreso pese a la cercanía con la industria.

Andina Sur: Las comunidades de Huila (Aipe, Palermo, Tello, Yaguará, Villavieja) y Putumayo (Orito, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, San Miguel, Ipiales) presentan vulnerabilidades socioeconómicas diversas. Las mujeres tienen pocas oportunidades en el mercado laboral y liderazgo.

Comunidades indígenas de los pueblos Inga y Kichwa, enfrentan doble discriminación por género y etnia. A Nivel educativo persisten disparidades en calidad educativa; áreas rurales carecen de acceso adecuado a educación básica y técnica. En comunidades indígenas, el analfabetismo y la deserción escolar son elevados.

Gran parte de la población carece de agua potable y saneamiento. Los servicios de salud no siempre son culturalmente apropiados para comunidades indígenas. La organización social depende de juntas de acción comunal con recursos limitados.

Los sistemas organizativos indígenas suelen ser marginados en políticas locales. En materia de gobernanza institucional, la distribución de recursos de hidrocarburos es desigual y la falta de coordinación entre autoridades y empresas limita la gestión eficiente.

En Putumayo, la debilidad institucional y la presencia de actores ilegales agravan la situación. En síntesis, las comunidades enfrentan barreras persistentes en género, educación, servicios básicos y gobernanza, lo que restringe su desarrollo pese a la actividad extractiva.

Impactos Identificados

Centro Occidente

Conflictos socioeconómicos:

1. Expectativas en población residual con desinformación sobre la industria y solicitudes de inversión social inmediata.
2. Conflictos entre actores públicos y privados: Discursos políticos opositores.
3. Alta expectativa de JAC en contratación de mano de obra calificada, bienes y servicios locales, bajo control del socio y operador PAREX.

Actividades económicas:

1. Cambios en empleo y demanda de bienes y servicios por aplicación de normativas de contratación.
2. Acceso limitado a plataformas y oficinas de empleo por condiciones territoriales.
3. Conflictos por diferencias salariales en actividades similares entre empresas.
4. Desconocimiento de la naturaleza del Grupo Ecopetrol y sus estrategias de transición energética y sostenibilidad, así como de los beneficios generados en los territorios.

Andina Sur

Conflictos socioeconómicos:

1. Expectativas de inclusión diferencial y participación laboral, asociadas a impactos acumulativos de la industria en comunidades étnicas (Putumayo) y no étnicas (Huila).
2. Demandas crecientes de inversión social en ambos departamentos.
3. Desconfianza frente a prácticas no estandarizadas y fuera del marco legal de contratistas.
4. Conflictos entre actores públicos y privados; Bloqueos relacionados con contratación de bienes, servicios y personal, propios y no propios de la industria.
5. Surgimiento de nuevos actores locales (jóvenes, asociaciones, grupos ambientalistas) que buscan respaldo social y político bajo premisa ambiental en Huila.

Actividades económicas:

1. Cambios en empleo y demanda de bienes y servicios por proyectos de transición energética, con condiciones laborales distintas (salarios no petroleros y menor cantidad de mano de obra).

Accesibilidad y movilidad:

1. Alteraciones en acceso de comunidades a centros nucleados y al territorio por uso compartido y deterioro de vías e infraestructura pública, especialmente en épocas de invierno en Putumayo y Huila.

Medidas de manejo

Centro Occidente:

1. Programa de información y comunicación centradas en espacios de diálogo social como herramienta de entendimiento común, con foco en temas ambientales, empleabilidad y bienes y servicios.

2. Desarrollo de iniciativas de relacionamiento concertadas con autoridades y comunidad para generación de confianza y programas pedagógicos y de diálogo social.   

3. Canales permanentes atención PQRS activos y eficaces para prevención y atención de posibles conflictos. 

4. Priorización del desarrollo económico local mediante el desarrollo de estrategias de fortalecimiento a la capacidad de gestión de las Juntas de Acción Comunal en su rol de gestores de proyectos productivos y de apoyo a la transición laboral.

5. Estrategias informativas con autoridades municipales y comunidades, con el propósito de disminuir las expectativas frente a los alcances de los proyecto y actividades del Grupo Empresarial.

6. Mecanismos de relacionamiento con las comunidades y articulación al interior de la empresa para la gestión integral del territorio. 

Andina Sur:

1. Mecanismos de relacionamiento con las comunidades y articulación al interior de la empresa para la gestión integral del territorio, para el desarrollo de políticas de inclusión en temas laborales y espacios de armonización con grupos étnicos.

• Estrategias informativas con autoridades municipales y comunidades, con el propósito de disminuir las expectativas frente a los alcances del proyecto y manejo de los temas que generan conflictividad.
• Programas de información y comunicación centrados en espacios de diálogo social como herramienta de entendimiento común.
• Canales permanentes PQRS activos y eficaces para prevención y atención de posibles conflictos. 

2. Priorización del desarrollo económico local mediante el desarrollo de estrategias de fortalecimiento a la capacidad de gestión de las Juntas de Acción Comunal en su rol de gestores de proyectos productivos y de apoyo a la transición laboral. 

3. Escenarios de diálogo social para la construcción de visión conjunta de territorio

• Espacios de armonización con grupos étnicos.
• Construcción articulada del portafolio de inversión social.

Regional

Regional Piedemonte

Operación

SARARE (Cubará y Toledo)

CASANARE (Yopal – Floreña y Pauto, Aguazul, - Cupiagua, Tauramena – Cusiana)

Descripción comunidad impactada

Sarare: Las comunidades enfrentan vulnerabilidades socioeconómicas derivadas de su contexto territorial. Las mujeres tienen barreras para acceder a empleos formales y liderazgo; la baja diversificación económica y las condiciones de seguridad refuerzan la exclusión, reduciendo su participación comunitaria.

En educación hay deficiencias en infraestructura y cobertura, especialmente en etnoeducación para la comunidad U’wa.

La no ejecución de regalías congeladas en zona de litigio territorial limita el desarrollo educativo y social. Las JAC muestran incidencia contra la industria, reflejando tensiones sociales.

Hay deficiencias en la red de servicios básicos. El mal estado de las vías restringe movilidad y diversificación económica. La zona tiene problemas de orden público.

El litigio territorial entre Toledo y Cubará genera abandono administrativo y obstaculiza gestión de proyectos y recursos. La gobernanza y gestión del riesgo presentan fallas, con planes desactualizados o inexistentes. Las comunidades enfrentan barreras en género, educación, servicios básicos y gobernanza, agravadas por actores armados y litigios territoriales, lo que limita su desarrollo y aumenta riesgos sociales, económicos y ambientales.

Casanare: Las comunidades presentan pocas oportunidades en el mercado laboral y liderazgo, lo que restringe su participación en decisiones y desarrollo económico local.

El acceso a educación básica y superior es limitado en zonas rurales, reduciendo opciones laborales y fomentando dependencia de la industria de hidrocarburos.

Las JAC cumplen un papel de mediación entre comunidad y empresas, pero con baja capacidad de influencia en decisiones estratégicas, debilitando la participación comunitaria. La infraestructura es insuficiente, afectando salud pública.

La red de gas domiciliario no tiene cobertura total, reflejando brechas en servicios básicos. Varios municipios carecen de instrumentos de planificación y los existentes están desactualizados, incrementando su vulnerabilidad frente a posibles desastres naturales.

Las comunidades siguen enfrentando barreras en género, educación, servicios básicos y gobernanza del riesgo, lo que limita su desarrollo y aumenta su vulnerabilidad.

Impactos Identificados

Sarare:

1. Generación y/o alteración de conflictos sociales: Incumplimiento de compromisos de las entidades del Gobierno Nacional con la comunidad indígena U´wa y el Movimiento Político de Masas.

2. Modificación de la infraestructura física y social, y de los servicios públicos y sociales: Comunidades con altas expectativas de solución a brechas en salud, educación, infraestructura en sus territorios, por parte de las entidades del Gobierno Nacional. Al no identificar soluciones oportunas, recurren a las vías de hecho hacia la industria petrolera.

3. Modificación de las actividades económicas de la zona: comunidades con altas expectativas de vinculación laboral en las actividades que genera la industria de hidrocarburos en la zona debido a que las actividades agrícolas y pecuarias no generan salarios altos.

4. Expectativas étnicas y de inclusión: Comunidad indígena U´wa con altas expectativas de cumplimiento a los compromisos firmados con diferentes entidades del Gobierno Nacional en el 2014, 2016 y 2024.

Casanare:

1. Cambio en las variables demográficas: La llegada de la industria de hidrocarburos impulsó un crecimiento poblacional en Casanare debido a la migración laboral.

2. Modificación de la infraestructura física y social, y de los servicios públicos y sociales: Disponibilidad de servicios públicos y sociales, afectando las necesidades básicas de la comunidad.

3. Modificación de la accesibilidad, movilidad y conectividad local: Se generaron transformaciones en la infraestructura vial y la conectividad local.

4. Modificación de las actividades económicas de la zona: Cambios en el uso del suelo y en las prácticas productivas tradicionales.

5. Generación y/o alteración de conflictos sociales: Aumentaron las expectativas laborales y de bienes y servicio, generando conflictos; disminución en la demanda de estos.

6. Generación de expectativas institucionales: Los gobiernos locales anticiparon acuerdos interinstitucionales y recursos provenientes de la industria. Falta de presencia institucional territorial que no facilitan el desarrollo de las operaciones.

7. Cambio en la cultura de la región: La migración laboral trajo nuevas costumbres, generando un proceso de adaptación cultural en la región.

Medidas de manejo

Sarare

1. Espacios de información con comunidades y autoridades locales.

2. Talleres sobre sostenibilidad ambiental y gestión de proyectos ambientales.

3. Sensibilización sobre la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de recursos naturales.

4. Mesas de diálogo intercultural en articulación con instituciones y empresas para anticipar conflictos potenciales

Casanare

1. Espacios de diálogo con comunidades y autoridades locales (presenciales o virtuales).

2. Socialización del proceso de PQRS y aplicación de una encuesta anual de percepción.

3. Desarrollo y difusión de contenidos estratégicos – Trimestral.

4. Espacios que faciliten el análisis de los contextos socioambientales de las comunidades.

5. Jornadas participativas para promover el ordenamiento territorial.

6. Capacitación a líderes comunitarios en temas sociales.

7. Encuentro municipal donde se capacite en inteligencia emocional, confianza, diálogo y escucha asertiva.

8. Capacitación en temas para la gestión local y regional, concertar previamente con las autoridades institucionales.

9. Formación artística mediante una escuela y eventos culturales por municipio.

10. Orientación a emprendedores y organizaciones solidarias en generación de proyectos, manejo financiero y funcionamiento administrativo.

11. Acompañamiento técnico, jurídico y financiero a organizaciones solidarias.

Regional

Regional Central

Operación

SANTANDER 

(Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Rionegro)   

CESAR  

(San Martín)   

ANTIOQUIA 

(Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó)   

BOLÍVAR   

(Cantagallo)   

BOYACÁ   

(Puerto Boyacá)  

NORTE DE SANTANDER 

(Tibú)

Descripción comunidad impactada

La vulnerabilidad desde el medio socioeconómico se manifiesta mediante bloqueos generados por inconformidades o exigencias planteadas ante las actividades operativas por empresas aliadas. 

La desigualdad de género ha disminuido, debido a que se ha evidenciado mayor oportunidad laboral para las mujeres de acuerdo con los perfiles ofertados, así como por los lineamientos establecidos por la empresa en el marco de la política de vinculación laboral inclusiva.

El Nivel educativo para el casco urbano ha generado mayor oportunidad en la población disponible para emplear, en razón a la conformación de un perfil laboral mediante herramientas tecnológicas. En las zonas rurales se está trabajando para garantizar estas mismas oportunidades destinadas incentivar a la población (estrategias de formación integral).

La organización social, continúa estructurada por juntas de acción comunal, con las cuales se mantiene un relacionamiento constante, pero su participación sigue siendo limitada frente a la demanda de bienes y servicios, en algunos sectores se generan los procesos de contratación directamente con los gremios empresariales locales.

La infraestructura sanitaria ha mejorado en cuanto al acceso a los servicios, pero su calidad agua potable sigue presentada deficiencia. Desde la gobernanza institucional se han ejecutado proyectos de inversión social los cuales aportan beneficios a las comunidades impactadas por las operaciones.

Impactos Identificados

1. Modificación de las actividades económicas de la zona: prácticas no estandarizadas, fuera del marco legal de empresas contratistas.
2. Disponibilidad empleo, bienes y servicios: poblaciones jóvenes, mujeres, profesionales y gremios en busca de oportunidades de empleo. 
3. Cambio en el uso social del suelo debido a transformación de las prácticas productivas.
4. Cambio en las variables demográficas: migración foránea en busca de oportunidades laborales con la industria.
5. Modificación de la accesibilidad, movilidad y conectividad local: uso compartido de vías de acceso, en cercanía de viviendas.
6. Alteración en la percepción visual del paisaje: impactos por ruido, luz y material particulado, conflictividad por daños a terceros.
7. Traslado involuntario de población: reasentamientos temporales y definitivos.

Medidas de manejo

1. Espacios de diálogo social como herramienta de entendimiento común, con foco en empleabilidad y bienes y servicios.
2. Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la vocación productiva y generación de empleo fuera de la industria con aliados (Agrosol) permitiendo diversificación económica.
3. Estrategias con aliados e institucionalidad para la priorización de contratación de mano de obra local y bienes y servicios, así como mecanismos informativos sobre la oferta laboral requerida.
4. Definición de estrategias para uso y mantenimiento de las vías y mecanismos informativos para la movilización de equipos.
5. Monitoreo de posibles afectaciones junto al equipo ambiental y definición de plan de acción.
6. Comprensión de las dinámicas con enfoque diferencial étnico y cumplimiento de los protocolos de relocalización.
7. Fortalecimiento en los procesos de seguimiento aclarando los mecanismos y las variables de participación de las comunidades y autoridades locales.

Regional

Regional Caribe

Operación

LA GUAJIRA   

(Uribia, Manaure, Dibulla, Riohacha)   

BOLÍVAR   

(Cartagena) 

Descripción comunidad impactada

Guajira: En el área de influencia existen comunidades étnicas donde la organización social incorpora roles de género diferenciados y, en algunos pueblos (p. ej., Wayúu), se reconoce una estructura matrilineal en la que la línea materna ordena la pertenencia al clan, la transmisión de autoridad/bienes y la gestión de asuntos familiares y comunitarios; en consecuencia, las mujeres cumplen un rol central como portadoras de identidad cultural, tomadoras de decisión y referentes de autoridad social y espiritual.

Para proyectos energéticos, esto implica que el relacionamiento y la debida diligencia social deben asegurar participación efectiva e incidente de mujeres en espacios de diálogo intercultural (incluyendo la consulta previa cuando aplique), con medidas específicas de acceso a información, convocatoria, traducción/mediación cultural y condiciones logísticas que permitan su asistencia y vocería, coherente con el enfoque diferencial de mujer promovido por la ANLA y con estándares internacionales de consulta/participación y, cuando corresponda, consentimiento libre, previo e informado

Bolívar: La región Caribe tiene una estructura cultural y social donde los roles de género tienen predominancia masculina en las actividades económicas formales, con una creciente participación de las mujeres en procesos sociales roles asociados a proyectos de desarrollo y empleo.

Se identifica un nivel educativo bajo, especialmente en las zonas rurales, lo que limita las oportunidades de empleo. Ecopetrol ha desarrollado programas de capacitación técnica para mejorar las competencias locales y reducir la dependencia de empleos no calificados. Las comunidades cuentan con estructuras organizativas básicas, como juntas de acción comunal y grupos de líderes comunitarios activos en temas ambientales, situación que facilita el diálogo con la industria.

En la región hay una capacidad limitada para atención de necesidades comunitarias lo que genera una dependencia de las empresas para el acceso a servicios y mejora de infraestructura.

Impactos Identificados

1. Generación y/o alteración de conflictos social:

• Desarrollo de proyectos costa afuera, asociados a la realización de consultas previas y la no definición de la línea negra en offshore, así como al desconocimiento de los grupos de interés sobre normativa de contratación de mano de obra, generación de expectativas en la población por hoja de ruta de transición energética, expectativas de empleo y diferencias salariales en actividades no propias del sector.
• Generación y alteración de conflictos sociales por diferencias en criterios de actuación entre empresas del Grupo Ecopetrol en proyectos offshore y onshore.

2. Modificación de las actividades económicas de la zona: población con formación en sector hidrocarburos y demanda en actividades de transición energética (energía eólica y solar). Las paradas de planta con nuevas tecnologías exigen de la mano de obra local disponible nuevas competencias y conocimientos para su vinculación.

Medidas de manejo

1. Programa de información y comunicación centrado en espacios de diálogo social como herramienta de entendimiento común, con foco en empleabilidad y bienes y servicios:

• Fortalecimiento de las relaciones de confianza principalmente con grupos étnicos y mujeres bajo un enfoque diferencial implementando espacios de diálogo y mejorando sus capacidades.
• Contribución al desarrollo local a partir de la consolidación de portafolio con inversiones en agua, gas, educación, economía circular y negocios verdes.  Diálogo permanente, incluyente, oportuno y transparente con Juntas de Acción Comunal, los grupos étnicos de La Guajira y Cartagena (Bolívar) y los contratistas regionales. 

2. Alianzas estratégicas para la cualificación del perfil ocupacional en energías alternativas (SENA, Corpoeducación y secretaría de educación).

3. Generación de sinergias para el cumplimiento normativo de la contratación a través del Sistema Público de Empleo - SPE.

Regional

Número escenarios

Número asistentes

Andina Sur Pacífico

535

5.393

Orinoquía

1.213

36.815

Caribe

12

105

Piedemonte

445

10.501

Central

163

2.936

Filial – Hocol

1.355

11.351

Socios

572

7.336

Total

4.925

74.437