Gestión de impactos sociales

Operación

Producción campos Rubiales, Caño Sur en el municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta.

Descripción comunidad impactada

El municipio de Puerto Gaitán cuenta con población colona (aprox. 60%) e indígena (Aprox. 40%) y en los últimos 10 años, este pasó de tener una población estimada de 22.000 habitantes a cerca de 55.000 en el 2024. La principal actividad económica es agropecuaria, pero es la industria de hidrocarburos la que genera mayores ingresos a la economía local y a la población. Cabe resaltar que este municipio cuenta con 17.400 km2, lo que hace que los desplazamientos y la atención a poblaciones dispersas se dificulte.

Las mujeres enfrentan desafíos en el acceso a empleos formales y participación en roles de liderazgo, en especial las mujeres indígenas, quienes enfrentan una mayor desigualdad por su género y etnia.

El acceso a la educación media y superior en la zona rural es limitado y a nivel de educación básica y/o media, la brecha principalmente se da en la calidad educativa y de instalaciones. Este factor incide sobre la población cercana a las operaciones, la cual se inclina en buscar oportunidades laborares en la industria y no, en mejorar su formación académica. En las comunidades indígenas las tasas de analfabetismo y deserción escolar es alta. 

Las organizaciones sociales son reconocidas por la comunidad como actores relevantes en la contratación de mano de obra, bienes y servicios locales. En el último año, se han organizado asociaciones de comunidades afrodescendientes.

Las comunidades indígenas cuentan con sistemas organizativos propios, pero tienen limitaciones de gestión y el apoyo de las autoridades locales es limitado.

La prestación de los servicios públicos y sociales a nivel rural es casi nula a excepción del servicio parcial de energía eléctrica. La ausencia del servicio de agua potable y saneamiento afecta directamente la calidad de vida y salud pública.

En las zonas aledañas a las operaciones, la presencia institucional suele ser débil y esto es aprovechado por actores ilegales o con intereses particulares.

Impactos Identificados

1. Afectación a la movilidad y conectividad local por uso compartido de la vía especialmente en la época invernal. (Caño Sur – Rubiales y Alto Neblinas-Rubiales).
2. Generación de conflictos sociales:

• Conflictividad asociada a contratación de bienes y servicios y personal (actividades propias y no propias de la industria).
• Dificultades en la interacción de comunidades étnicas con foráneos e institucionalidad y altas expectativa de inversión con enfoque diferencial.

3. Modificación de las actividades económicas del territorio y en el uso del suelo: cambios en estructura productiva y comercial de población y empresas locales.
4. Cambio en las variables demográficas: incremento de densidad poblacional por dinámicas migratorias atribuibles a la industria e impactos acumulativos relacionados con el alojamiento de personal.

Medidas de manejo

1. Diálogo social multiactor, sistemático y anticipado para la construcción participativa de visiones compartidas de territorio y debida diligencia ante vías de hecho.
2. Estrategias informativas con autoridades municipales, comunidades y empresarios, con el propósito de disminuir las expectativas frente a los alcances de las actividades y manejo de los temas que generan conflictividad.
3. Gestión ante contratistas para atención de impactos e implementación de buenas prácticas de relacionamiento.
4. Ejecución oportuna y concertada de programas en beneficio de las comunidades acorde a la obligación con ANH e inversión estratégica.
5. Diversificación económica a través del fortalecimiento de vocaciones productivas para generación de ingresos no petroleros.

1. Fortalecimiento de Juntas de Acción Comunal en el desarrollo de sus capacidades de gestión comunitaria y de herramientas de diálogo, participación ciudadana, transparencia.

6. Involucramiento, diálogo y concertación con autoridades a nivel Municipal, regional y Nacional frente a la definición de estrategias a implementar por el cambio de las variables demográficas y cambios en el uso del suelo.
7. Canales permanentes de atención a PQRS activos y eficaces para prevención y atención de posibles conflictos.
8. Comprensión de las dinámicas con enfoque diferencial étnico para el fortalecimiento de las relaciones de confianza.

• Comunicación oportuna y transparente con autoridades, comunidades y demás actores del territorio, frente al uso de la vía y mantenimiento de esta.
• Mesas de trabajo conjuntas en la articulación estratégica y táctica con operadoras para la gestión integral del territorio.
• Fortalecimiento del portafolio de inversión voluntaria y estricto seguimiento al desarrollo de los proyectos de inversión en curso, tales como: Pavimentación vía Rubiales (proyecto de alto impacto regional), Agrosol, Institución Educativa Rubiales, Salud, entre otros.

Operación

META

Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla La Nueva, Cumaral (VEX), Restrepo (VEX), San Martín (VEX), Cubarral (VEX), El Dorado (VEX), San Carlos de Guaroa (VEX).

Descripción comunidad impactada

La comunidad de la región de la Orinoquía se caracteriza por una economía fundamentada en actividades agrícolas, ganaderas y, en ciertas áreas, en servicios vinculados al sector energético. Desde una perspectiva de igualdad de género, persisten retos importantes en la participación de las mujeres en roles de liderazgo y en el empleo formal. No obstante, se observa un crecimiento gradual en su inclusión, especialmente en programas sociales y educativos impulsados en colaboración con la industria.

En términos educativos, existen brechas significativas, particularmente en las zonas rurales, donde el acceso a la educación media y superior es limitado. En contraste, en áreas urbanas y periurbanas cercanas a las operaciones de Ecopetrol, se han implementado programas de capacitación técnica que buscan mejorar las oportunidades laborales y fomentar la autosuficiencia económica.

La organización social se estructura mayormente en torno a modelos tradicionales y comunales, con un liderazgo local que facilita la comunicación y la gestión de necesidades ante las instituciones públicas y privadas. Sin embargo, la infraestructura sanitaria presenta limitaciones, especialmente en los servicios básicos como agua potable y saneamiento en las zonas rurales.

En cuanto a la gobernanza institucional, la proximidad de las operaciones de Ecopetrol ha fomentado un diálogo constante con las autoridades locales y organizaciones comunitarias. Este enfoque busca fortalecer las relaciones con nuestros grupos de interés y aumentar la transparencia en el uso de los recursos generados por la industria.

Impactos Identificados

1. Generación de conflictos sociales:

• Surgimiento de nuevos actores locales (agremiaciones, asociaciones, sindicatos y grupos ambientalistas).
• Conflictos por participación laboral generando brechas y diferencias entre la misma población del territorio.
• Conflictividad por nuevos proyectos de Transición Energética que causan inconformidad por diferencias salariales y volumen de contratación de mano de obra.
• Conflictividad por desinformación sobre los impactos ambientales de la industria, especialmente sobre el recurso hídrico.

2. Modificación de las actividades económicas de la zona: deficiencia en las condiciones de empleo e incumplimiento de obligaciones laborales por parte de empresas contratistas.

Medidas de manejo

1. Programa de información y comunicación oportuna y transparente con respaldo institucional, diálogo social con diferentes actores, sistemáticas anticipadas. Por medio de una construcción participativa de visiones compartidas del territorio y debida diligencia ante las vías de hecho.
2. Gestión permanente con gobierno, sensibilizando sobre la importancia de la seguridad energética y la estabilidad fiscal nacional, asociados a la necesidad de la operación de la industria en el territorio que permitan apalancar nuevos proyectos en la región.
3. Espacios de trabajo conjuntas con articulación estratégica y táctica, con las operadoras para la gestión integral del territorio.
4. Fortalecimiento a Juntas de Acción Comunal en el desarrollo de sus capacidades de gestión comunitaria y de herramientas de diálogo, participación ciudadana y transparencia.
5. Participación incluyente a comunidades, autoridades y organizaciones locales ambientales en los procesos de formulación y desarrollo de estudios ambientales para el licenciamiento de proyectos nuevos.
6. Fortalecimiento en el relacionamiento con los contratistas y empresas aliadas de Ecopetrol a través de la ejecución de escenarios de sensibilización y relacionamiento, con el propósito de abordar temáticas principales del sector y la prevención y gestión de la conflictividad; por medio de la metodología de trabajo titulada “Hablemos Sobre Nosotros”, concertados con institucionalidad y empresas contratistas.
7. Fortalecimiento de competencias productivas para generación de empleo fuera de la industria para la diversificación económica para generación de ingresos no petroleros, fortalecimiento de las vocaciones productivas del territorio y diseño de estrategias de para el fomento del turismo comunitario.
8. Identificación y priorización de los Grupos de Interés de Ecopetrol para establecer estrategias de relacionamiento, de información, de gestión de expectativas y de conocimiento sobre la transición energética más efectivos.

Operación

CUNDINAMARCA   

(Ubalá, Medina, Paratebueno, Guaduas, Yacopí, Puerto Salgar)   

TOLIMA   

(Carmen de Apicalá, Ortega, Espinal y Melgar)   

BOYACÁ   

(Santa María)

Descripción comunidad impactada

Las comunidades de Cundinamarca, Tolima y Boyacá, cercanas a las operaciones de hidrocarburos, presentan diversas vulnerabilidades socioeconómicas.

Las mujeres enfrentan limitaciones en el acceso a empleos formales y a roles de liderazgo, aunque existen esfuerzos de inclusión.

En estas zonas rurales, el nivel educativo es bajo, lo que restringe las oportunidades laborales, especialmente fuera del sector extractivo.

Las juntas de acción comunal y organizaciones locales tienen un papel importante, pero sus capacidades son limitadas para gestionar necesidades complejas.

El acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento es deficiente, afectando la calidad de vida y la salud pública.

La distribución de recursos generados por la industria es desigual, y la coordinación entre autoridades y empresas es insuficiente, lo que dificulta el desarrollo equitativo de la región.

La mayor parte de la población de estos territorios es mestiza y campesina donde los habitantes en su mayoría son hombres (52%), entre las principales vocaciones económicas del territorio se encuentran las actividades agropecuarias, agrícolas, actividades de minería, comercio, transporte, turismo local y practicas pecuarias.

De acuerdo con el diagnostico territorial, no se tienen identificados asentamientos de población étnica.

En general, las comunidades de estas zonas luchan con barreras de género, educación, infraestructura básica y gobernanza, lo que limita su progreso a pesar de la cercanía con las operaciones de hidrocarburos.

Impactos Identificados

1. Generación y/o alteración de conflictos socioeconómicos:

• Generación de expectativas en la población por desinformación sobre las actividades propias de la industria y/o desconfianza por malas prácticas de empresas respecto al uso adecuado de los recursos naturales, especialmente el hídrico.
• Generación de conflictos entre actores (públicos y privados): discursos políticos en oposición a la industria (Banderas políticas); implicaciones en el relacionamiento local por los procesos electorales locales y regionales 2023 y cambio de gobiernos locales 2024; alta expectativa de las JAC en la contratación de mano de obra calificada, bienes y servicios locales, lo cual incide en la conflictividad entre actores locales; comunidades campesinas buscan ser reconocidas como sujetos de derechos y tener poder de decisión en la planeación y ordenamiento territorial a largo plazo.

2. Modificación de las actividades económicas de la zona: cambio en las dinámicas del empleo y demanda de bienes y servicios; aplicación de normativas y mecanismos para la contratación de mano de obra, bienes y servicios.

3. Afectación a la movilidad y conectividad local por uso compartido de vías de acceso a los proyectos.

Medidas de manejo

1. Programa de información y comunicación centradas en espacios de diálogo social como herramienta de entendimiento común, con foco en temas ambientales, empleabilidad y bienes y servicios.
2. Desarrollo de iniciativas de relacionamiento concertadas con autoridades y comunidad para generación de confianza y desarrollo del Programa de Pedagogía para una mejor comprensión de los proyectos de hidrocarburos y la Transición Energética.
3. Canales permanentes PQRS activos y eficaces para prevención y atención de posibles conflictos.
4. Priorización del desarrollo económico local mediante el desarrollo de estrategias de fortalecimiento a la capacidad de gestión de las Juntas de Acción Comunal en su rol de gestores de proyectos productivos y de apoyo a la transición laboral.
5. Estrategias informativas con autoridades municipales y comunidades, con el propósito de disminuir las expectativas frente a los alcances de los proyectos y actividades del Grupo Empresarial.
6. Mecanismos de relacionamiento con las comunidades y articulación al interior de la empresa para la gestión integral del territorio.
7. Los tipos de inversión que se han realizado en estos territorios están relacionados con las mejoras en instituciones educativas siendo los niños, niñas y jóvenes uno de los actores relevantes para la implementación de programas musicales, formación y apalancamiento de proyectos de emprendimientos, formación en transición energética, entregas de kits escolares, programas de pedagogía sobre la industria, fortalecimientos educativos y mejoramientos de infraestructura comunitaria y educativa, voluntariados, formación como técnicos laborales agropecuarios, con los cuales se ha impactado de manera positiva los territorios manteniendo y fortaleciendo los lazos de confianza construidos.

Operación

HUILA 

Aipe, Neiva, Palermo, Tello, Yaguará y Villavieja 

PUTUMAYO 

Orito, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, San Miguel, Ipiales

Descripción comunidad impactada

Las comunidades en las que se desarrollan las operaciones en el Huila, presentan retos importantes en cuanto al desarrollo territorial toda vez que los indicadores de accesibilidad a sus derechos son menores al promedio nacional, departamental y municipal. En sectores como acceso a servicios públicos, las unidades territoriales cuentan con porcentajes de acceso bastante inferiores al casco urbano de cada municipio. Las principales peticiones de inversión social se decantan en soluciones de acceso a agua potable, energía y gas.

El Putumayo y Nariño, se caracterizan por ser zonas priorizadas por las políticas gubernamentales de construcción de paz dado al histórico conflicto territorial que han enfrentado y a la alta presencia de cultivos de uso ilícito.

Las mujeres tienen pocas oportunidades en el mercado laboral formal y en posiciones de liderazgo. En las comunidades indígenas de Putumayo, las mujeres enfrentan una doble discriminación por género y etnia.

Existen disparidades en la calidad educativa, con áreas rurales que carecen de acceso adecuado a la educación básica y técnica, lo que limita las oportunidades laborales. En las comunidades indígenas las tasas de analfabetismo y deserción escolar son altas. 

Las comunidades dependen de las juntas de acción comunal, pero enfrentan limitaciones en recursos y capacidad de gestión. Las comunidades indígenas tienen sus propios sistemas organizativos, pero suelen ser marginados en las políticas locales.

La distribución de recursos generados por las operaciones de hidrocarburos es desigual, y la falta de coordinación entre autoridades y empresas dificulta una gestión eficiente y equitativa. La gobernanza en Putumayo se ve afectada por la debilidad institucional y la presencia de actores ilegales.

Impactos Identificados

1. Generación y/o alteración de conflictos socioeconómicos: Generación de expectativas en la población por: a) expectativas de inclusión diferencial y participación laboral y de Impactos acumulativos generados por la industria (Asuntos étnicos -Putumayo) y Comunidades No étnicas-Huila). b) por expectativas de inversión social -Putumayo/Huila
2. Modificación de las actividades económicas de la zona: Cambio en las dinámicas del empleo y demanda de bienes y servicios: generación de empleos en proyectos de transición energética con condiciones laborales diferentes (salarios no petroleros y menor cantidad de mano de obra) -Huila
3. Afectación a la movilidad y conectividad local: Cambio en el acceso de las comunidades a centros nucleados y /o territorio: uso compartido y deterioro de vías e infraestructura pública (en épocas de invierno). -Putumayo-Huila.
4. Afectaciones a comunidades por impactos ambientales derivados de acciones de actores ilegales.

Medidas de manejo

1. En conjunto con la operación, proyectos y las áreas de soporte se cuenta con una planeación conjunta de necesidades de la regional, identificando los lugares, momentos y alcances de las intervenciones para determinar acciones integradas para la gestión del territorio. En ese sentido se cuenta con una radiografía de necesidades del activo y actividades críticas que se desarrollan en cada una de las unidades territoriales de esta coordinación.
2. Se construyó y se puso en marcha un plan de relacionamiento interno y externo para cumplir con los objetivos del Plan de Gestión Integral del Territorio.
3. Externos: Relacionamiento sistemático con Fuerza Pública, Alcaldías, Gobernaciones, Sociedad Civil y USO. Internos: espacios sistemáticos bilaterales entre áreas y espacios sistemáticos con empresas contratistas.
4. Estrategias informativas con autoridades municipales y comunidades, con el propósito de disminuir las expectativas frente a los alcances de los proyectos de la operación y manejo de los temas que generan conflictividad.
5. Escenarios sistemáticos de diálogo social con JAC para la construcción de visión conjunta de territorio - espacios de armonización con grupos étnicos.
6. Construcción articulada del portafolio de inversión social e integralidad de los procesos de diálogo con los proyectos de inversión social. Para el caso del Huila el eje transversal son jóvenes y mujeres (articulando los proyectos de Casa de la Mujer, Jóvenes Pazcificos y las dotaciones de estas infraestructuras). En el Putumayo el hilo conductor son las visiones alternativas del desarrollo mediante iniciativas de diálogo social con enfoque diferencial y énfasis en el fortalecimiento de las diversas culturas y proyectos de inversión en los sectores productivos, turismo sostenible y transición energética

Operación

SARARE

Cubará y Toledo

Descripción comunidad impactada

 La región del Sarare se encuentra en un territorio en litigio entre los municipios de á (Boyacá) y Toledo (Norte de Santander), que deberá ser dirimido en el Congreso de la República.

En Toledo, se cuenta con una población de 16.325 habitantes, conformada por campesinos, colonos e indígenas del pueblo U´wa, de los cuales 7.894 (48,4%) son mujeres y 8.431 (51,6%) son hombres, por su parte la población urbana es de 5.660 (34,67%) y la población rural, de 10.665 (65,33%). La población indígena es de 693 personas, el (4,49%).

Cubará tiene una población rural y urbana de 10.750 habitantes, conformada por colonos e indígenas, de los cuales 5.365 son mujeres y 5.385, hombres. La población urbana es de 2.296 (21,36%) y la población rural, de 8.454 (78,64%). La población indígena está conformada por 5.494 personas, (53,24%). Las condiciones de igualdad de género se agravan teniendo en cuenta el conflicto armado que han existido en el territorio. Por otra parte, la presencia del pueblo U´wa tiene una gran incidencia ya que estas comunidades son un actor político en el territorio.

En Toledo las actividades económicas principales son el cultivo de café agroforestal, caña panelera y cacao, la ganadería extensiva doble propósito, la pesca artesanal para autoconsumo, el turismo con las ferias y fiestas, el ecoturismo en el Parque Nacional Natural Tamá, la minería subterránea de carbón y la generación de mano de obra para trabajos en el Oleoducto Caño Limón Coveñas.

Como actividades productivas y económicas del municipio de Cubará sobresalen el cultivo de plátano, caña y maíz, la ganadería doble propósito, el turismo en el Resguardo, en los ríos Bojaba, Royota y Arauca, en las fincas de agroturismo, en el proceso del cacao y la ganadería.

Las inversiones de Ecopetrol en los municipios de Toledo y Cubará han estado enfocadas en el mejoramiento de la infraestructura comunitaria y educativa, proyectos de Salud, proyectos de educación y proyectos de Desarrollo Rural.

Impactos Identificados

1. Generación y/o alteración de conflictos sociales relacionados con contratación de mano de obra, desinformación sobre actividades y proyectos, solicitud de inversión social.
2. Afectación de la infraestructura física y social, y de los servicios públicos y sociales por sobreposición con las áreas de los proyectos.
3. Afectación ambiental a los recursos naturales por condiciones operacionales o por acciones de terceros.
4. Modificación de la vocación económica del territorio por presencia de actividades de hidrocarburos.
5. Expectativas étnicas y de inclusión: Generación de altas expectativas en las comunidades étnicas respecto a la participación en la toma de decisiones sobre los proyectos y la inversión social.

Medidas de manejo

1. Espacios de diálogo social, con énfasis en mecanismos de participación y espacios de información y comunicación en temas de empleabilidad y bienes y servicios.
2. Talleres sobre sostenibilidad ambiental y gestión de proyectos ambientales. Sensibilización sobre la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de recursos naturales.
3. Participación en Mesas de diálogo intercultural con el pueblo U´wa, en articulación con instituciones y empresas para anticipar conflictos potenciales
4. Inversión social estratégica en prevención y acceso a salud con enfoque étnico, proyectos agropecuarios a escala familiar y fortalecimiento de la media técnica agropecuaria en instituciones educativas.

Operación

CASANARE 

Yopal – Floreña y Pauto, Aguazul, - Cupiagua, Tauramena – Cusiana

Descripción comunidad impactada

El área de influencia de la regional Piedemonte en el Departamento de Casanare (Tauramena, Aguazul y Yopal), son comunidades que aún dependen en gran medida de las operaciones petroleras de Ecopetrol, lo que ha generado desarrollo económico, pero también vulnerabilidades socioeconómicas. Aunque cuentan con cobertura educativa básica, presentan bajos niveles de acceso a educación superior, limitando oportunidades laborales calificadas. Persisten desigualdades de género, con alta participación femenina en empleos informales, y sus infraestructuras sanitarias son insuficientes, especialmente en zonas rurales. La gobernanza enfrenta desafíos en la gestión eficiente de las regalías y la diversificación económica, mientras que la organización social, aunque activa, sigue fragmentada, dificultando la articulación de demandas colectivas. Estas comunidades requieren fortalecer la inclusión social, mejorar los servicios públicos y promover alternativas sostenibles para reducir su dependencia de la industria petrolera. La inversión social en esta regional tiene como objetivo impulsar el desarrollo local del Piedemonte Llanero a través de una inversión social participativa y concertada, con énfasis en infraestructura vial y comunitaria, acceso a servicios públicos (agua y gas) y dinamizar las economías propias a través del desarrollo rural inclusivo y el fortalecimiento empresarial.

Impactos Identificados

1.  Cambio en las variables demográficas: La llegada de la industria de hidrocarburos impulsó un crecimiento poblacional en Casanare debido a la migración laboral.
2. Modificación de la infraestructura física y social, y de los servicios públicos y sociales: Disponibilidad de servicios públicos y sociales, afectando las necesidades básicas de la comunidad
3. Modificación de la accesibilidad, movilidad y conectividad local: Se generaron transformaciones en la infraestructura vial y la conectividad local.
4. Modificación de las actividades económicas de la zona: Cambios en el uso del suelo y en las prácticas productivas tradicionales.
5. Generación y/o alteración de conflictos sociales: Aumentaron las expectativas laborales, generando conflictos
6. Generación de expectativas institucionales: Los gobiernos locales anticiparon acuerdos interinstitucionales y recursos provenientes de la industria.
7. Cambio en la cultura de la región: La migración laboral trajo nuevas costumbres, generando un proceso de adaptación cultural en la región.

Medidas de manejo

1. Espacios de diálogo con comunidades y autoridades locales (presenciales o virtuales).
2. Socialización del proceso de PQRS y aplicación de una encuesta anual de percepción.
3. Desarrollo y difusión de contenidos estratégicos - Trimestral
4. Espacios que faciliten el análisis de los contextos socioambientales de las comunidades
5. Jornadas participativas para promover el ordenamiento territorial.
6. Capacitación a líderes comunitarios en temas sociales
7. Encuentro municipal donde se capacite en inteligencia emocional, confianza, diálogo y escucha asertiva
8. Capacitación en temas para la gestión local y regional, concertar previamente con las autoridades institucionales.
9. Formación artística mediante una escuela y eventos culturales por municipio.
10. Orientación a emprendedores y organizaciones solidarias en generación de proyectos, manejo financiero y funcionamiento administrativo.
11. Acompañamiento técnico, jurídico y financiero a organizaciones solidarias.
12. Inversión social estratégica en mejoramiento de vías, acceso a servicios públicos (gas, agua y electrificación).

Operación

SANTANDER

(Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Rionegro)   

CESAR  

(San Martín)   

ANTIOQUIA

(Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó)   

BOLÍVAR   

(Cantagallo)   

BOYACÁ   

(Puerto Boyacá)  

NORTE DE SANTANDER 

(Tibú)

Descripción comunidad impactada

Las operaciones de la Regional Central abarcan 14 municipios de los 26 existentes en los 6 departamentos dentro de la región del Magdalena Medio. La operación cuenta con enclaves operativos urbanos como la Refinería en Barrancabermeja, así como pozos aislados en zonas distantes y rurales de municipios como Cantagallo o Tibú, lo que conlleva diferentes formas de relacionamiento con las comunidades aledañas. La población femenina se concentra en las ciudades principales y se relaciona con una mayor oportunidad laboral. La población indígena en los municipios priorizados es baja (0,1%). La población afrocolombiana tiene presencia significativa en los municipios de Cantagallo, Puerto Boyacá, Puerto Nare y Barrancabermeja; en cuanto a población ROM solo hace presencia en Cúcuta, Barrancabermeja y Puerto Wilches, (0,003%).  A nivel regional, se identifican organizaciones de mujeres que buscan superar las condiciones de violencia e inequidad generadas por el conflicto armado.

La regional Central se caracteriza por tener diversidad económica, la mayoría de ellos con actividades de extracción de materias primas y actividades de agricultura, ganadería y pesca. Otros sectores como el turismo están en crecimiento alrededor de los recursos hídricos de la región.

El nivel educativo, especialmente en zonas rurales, es bajo, lo cual limita la empleabilidad y genera dependencia económica de la industria.

Altos niveles de Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 19,61% (26 municipios) principalmente en Tibú, El Carmen de Chucurí, Cantagallo, Puerto Wilches, Yondó y San Martín.

En cuanto a la gobernanza, la gestión de recursos derivados de la industria enfrenta desafíos en transparencia y coordinación, lo que repercute en la equidad de los beneficios, que contrasta con una alta presencia de grupos armados organizados y estructuras delictivas que operan en la región.

Impactos Identificados

1. Cambio en el uso social del suelo debido a transformación de las prácticas productivas.
2. Cambio en las variables demográficas: impacto migratorio por la búsqueda de oportunidades laborales y contratación de bienes y servicios con la industria.
3. Afectación a la movilidad y conectividad local por uso compartido de vías de acceso, cercanía a viviendas e incremento del deterioro vial, especialmente en invierno.
4. Alteración en la percepción visual del paisaje: impactos por ruido, luz y material particulado, conflictividad por daños a terceros.
5. Traslado involuntario de población: reubicaciones temporales y reasentamientos definitivos, en activos como La Cira Infantas, PMA de Mares para los campos Llanito, Lisama, también en Sabana de Torres, Puerto Wilches, Cantagallo y Yondó.
6. Tensiones entre actores institucionales y comunitarios en los territorios por la inversión social y los proyectos de apoyo y beneficio a comunidades.

Medidas de manejo

1. Fortalecimiento del relacionamiento con autoridades locales, con procesos de formación para la transformación de conflictos con aliados como MAPP OEA.
2. Espacios de diálogo social, con énfasis en mecanismos de participación y espacios de información y comunicación en temas de empleabilidad y bienes y servicios.
3. Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la vocación productiva y generación de empleo fuera de la industria.
4. Definición de estrategias para uso y mantenimiento de las vías y movilización de equipos.
5. Comprensión de las dinámicas con enfoque diferencial étnico y cumplimiento de los protocolos de relocalización, que incluyen monitoreo y seguimiento.
6. Desarrollo de proyectos formativos con juntas de acción comunal JAC y pescadores por medio de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Mas de 200 personas en 5 municipios.
7. Mejoramiento de las habilidades para el trabajo desarrollas en el Convenio con SENA- Fundesmag y NCCR para labores en la Refinería de Barrancabermeja y los proyectos solares con participación de mujeres.
8. Atención de los jóvenes por medio del Proyecto Jóvenes 4.0 que ha permitido que cuatro municipios de la regional conformaran el nodo de jóvenes (Barrancabermeja, Yondó, Cantagallo y Puerto Wilches.
9. Realización de proyectos para fortalecer confianza, dialogo, resolución pacífica de conflictos y tradiciones culturales con grupos poblacionales como mujeres, LGTBIQ+, niños, jóvenes y comunidad étnica en municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Tibú.
10. En cuanto a las inversiones adelantadas se resaltan: Tratamiento de lodos de PTAP Barranca beneficiando más de 180 mil personas, adecuación del polideportivo los Laureles en El Centro, Las Placahuellas de San Vicente de Chucurí, Pavimentación en El Llanito, La ruta de la Unidad móvil de salud en la regional.

Operación

LA GUAJIRA   

(Uribia, Manaure, Dibulla, Riohacha)   

BOLÍVAR   

(Cartagena)

Descripción comunidad impactada

La región Caribe tiene una estructura cultural y social donde los roles de género tienen predominancia masculina en las actividades económicas formales, sin embargo, existe una creciente participación de las mujeres en procesos sociales y roles asociados a proyectos de desarrollo.

El nivel educativo es bajo, especialmente en las zonas rurales y territorios colectivos, lo que limita las oportunidades de empleo.

En Cartagena, las comunidades cuentan con estructuras organizativas básicas, como juntas de acción comunal y grupos de líderes comunitarios activos en temas ambientales, situación que facilita el diálogo con la industria. Las mujeres, representan el 52% de la población en el municipio y a pesar de las actividades turísticas que pueden demandar mano de obra femenina, se mantiene una mayor tasa de desempleo.

En la Guajira la población predominante es la etnia Wayuu (más del 50% de la población), aunque en el departamento hay presencia de otros grupos étnicos como los Wiwa, Arhuacos y Koguis, así como población afrocolombiana. Las comunidades Wayuu se organizan en rancherías con Autoridades Tradicionales, que toman decisiones de forma independiente. Las mujeres indígenas, las brechas en equidad de género son más altas por su condición étnica y por las dificultades que representa la dificultad de acceso a agua potable y servicios básicos por las condiciones del territorio. Por lo general, son quienes generan ingresos laborales a través de la artesanía.

En el Caribe, la capacidad limitada para atención de necesidades comunitarias por parte de los gobiernos locales genera una dependencia de las empresas para el acceso a servicios y mejora de infraestructura. La región cuenta común alto potencial de generar ingresos y empleo con el turismo.

Impactos Identificados

1. Generación y/o alteración de conflictos sociales:

• Desarrollo de proyectos costa afuera, asociados a la realización de consultas previas por presencia de grupos étnicos que tienen prácticas culturales en el mar. -Alta expectativa en mano de obra en proyectos costa afuera, sin embargo, la tecnología asociada a estos proyectos no genera alta demanda de mano de obra.
• Generación de expectativas en la población por los proyectos de transición energética que se pretenden desarrollar en el territorio: expectativas de empleo y beneficios comunitarios.
• Generación y alteración de conflictos sociales por diferencias en criterios de actuación entre empresas del Grupo Ecopetrol.
• En la Refinería de Cartagena, el desarrollo de nuevas tecnologías para la realización de mantenimientos mayores ha generado disminución de la participación de las comunidades en mano de obra.

Medidas de manejo

1. Fortalecimiento de las relaciones de confianza principalmente con grupos étnicos y mujeres bajo un enfoque diferencial implementando espacios de diálogo y mejorando sus capacidades.
2. Contribución al desarrollo local a partir de la consolidación de inversión estratégica en agua, gas, educación, economía circular y negocios verdes.
3. Diálogo permanente, incluyente, oportuno y transparente con Juntas de Acción Comunal, los grupos étnicos de La Guajira y Cartagena (Bolívar) y los contratistas regionales.
4. Alianzas estratégicas para la cualificación del perfil ocupacional en energías alternativas (SENA, Corpoeducación y secretaría de educación) en Cartagena.
5. Generación de sinergias para el cumplimiento normativo de la contratación a través del Sistema Público de Empleo - SPE.
6. Inversión social estratégica en La Guajira en agua, educación, desarrollo de economías locales (artesanía y turismo).

Andina Sur Pacífico

311

4.822

Orinoquía

954

58.657

Caribe

148

2.615

Piedemonte

175

5.481

Central

196

3.760

Filial - Hocol

1.556

12.804

Socios

625

14.580

Total

3.965

102.719