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Derechos Humanos
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El compromiso de Ecopetrol con el territorio y las comunidades conduce a identificar, de manera anticipada, posibles impactos a los Derechos Humanos y a adoptar las medidas correspondientes de manera oportuna. Contar con este tipo de escenarios permite conocer en detalle sus preocupaciones, para incorporarlas en los análisis y tener una operación sana, limpia y segura.
Para atender denuncias por afectaciones a los Derechos Humanos, Ecopetrol mantiene mecanismos accesibles para la recepción de peticiones, quejas y reclamos, que permiten atender de manera oportuna, transparente y eficaz las denuncias relacionadas con la operación. Existen dos canales principales: i) la Oficina de Participación Ciudadana (OPC), y ii) la Línea Ética de Ecopetrol.
A través de ellos es posible que Ecopetrol atienda cualquier tipo de denuncia asociada a DDHH y por esta misma vía se resuelva de manera eficaz y oportuna cualquier afectación. En todo caso, Ecopetrol reconoce la legitimidad de los mecanismos institucionales establecidos por la ley para que cualquier persona interponga quejas o denuncias en esta materia, cuando considere que la operación lo impacta negativamente
Preguntas frecuentes
A Ecopetrol le corresponde respetar los Derechos Humanos (DDHH) y en el caso de afectarlos, remediarlos. La empresa cuenta con una Política de DDHH orientada a asegurar una actuación con debida diligencia en todas las actividades.
En múltiples ocasiones Ecopetrol ha hecho público su rechazo hacia cualquier situación que atente contra los derechos humanos de líderes sociales y ambientales, lo ha hecho también en casos donde han sido líderes de esta región quienes han recibido amenazas.
En caso de conocer situaciones que puedan afectar los derechos humanos de los líderes, la empresa las pone en conocimiento de las autoridades competentes. Ecopetrol ha establecido rutas de articulación institucional en procura de que las entidades garanticen los derechos de los líderes sociales y ambientales.
Es el Ministerio del Interior, que tiene la obligación de garantizarlos, otorga las medidas de protección que corresponda, según sus criterios.
Ecopetrol está siempre abierto al diálogo respetuoso con todo aquel que tenga preocupaciones sobre las operaciones y decisiones de la compañía, independientemente de su posición, con el fin de conocer sus puntos de vista y atenderlos.
Definir la presencia de la Fuerza Pública en las regiones es una decisión del Estado y no compete a la empresa.
Es obligación de la Fuerza Pública garantizar la seguridad en el territorio, y los convenios celebrados con ella no implican exclusividad en el ejercicio de sus funciones, sino más bien una protección a un bien público.
En todo caso, para Ecopetrol es claro que la relación con la Fuerza Pública (incluidas Fuerzas Militares y Policía) se fundamenta en el respeto de los derechos humanos.
Vale la pena aclarar que la Policía (que incluye al ESMAD) en particular, está bajo el mando de las autoridades locales y no de la empresa. Luego, en los casos de orden público, es dicha autoridad la que determina si se requiere o no de su presencia en situaciones puntuales.
Corresponde al Estado determinar los instrumentos orientados a garantizar los derechos colectivos y del ambiente. En todo caso, Ecopetrol debe acoger y cumplir lo establecido en la normatividad nacional e internacional que adopte el Estado.
* Nota: El acuerdo de Escazú busca garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación.
