Ecopetrol informa que 350 personas, con 5.000 metros de barreras para detener el crudo derramado, trabajan intensamente para contener la mancha de petróleo que viaja por el río Mira y amenaza con llegar a la Bahía de Tumaco en las próximas horas.

Para atender la emergencia ambiental y social ocasionada por un atentado terrorista contra el oleoducto Transandino, el plan de contingencia aumentó las barreras de contención a 5.000 metros, de los cuales 1.000 son de tipo oceánico, mientras que el número de puntos de control pasó de seis a once, y en las próximas horas se instalarán otros tres.

La atención de la emergencia se ha reforzado con equipos provenientes de Cartagena, Bogotá y Yopal. También se activaron los protocolos de colaboración internacional para disponer de más equipos especializados para la contención de derrames de crudo en el mar. Las acciones adelantadas han permitido contener cerca de 3.000 barriles de crudo de un estimado de cerca de 10 mil barriles derramados por el atentado.

El Comité Municipal de Gestión de Riesgo, del cual hace parte Ecopetrol, entrega agua potable a través de carrotanques a las comunidades afectadas por el cierre del acueducto. Así mismo, la empresa activará dos pozos profundos para extraer el líquido y atender la demanda de la población.

El Comité reiteró hoy el llamado a los habitantes de Tumaco y sus áreas rurales para que se abstengan de consumir agua del río y hagan un uso racional y eficiente del líquido mientras dure esta emergencia.

En relación con las operaciones de comercio internacional, los atentados a los oleoductos Transandino y Caño Limón-Coveñas de las últimas semanas obligaron a Ecopetrol a retrasar el despacho de cinco cargamentos de crudo a través de los puertos de Tumaco y Coveñas, por un total de cerca de dos millones de barriles.

Ecopetrol reitera que ha dispuesto todos los recursos humanos, equipos y materiales para mitigar los efectos de este condenable hecho que atenta contra los derechos humanos, afecta población civil, destruye el medio ambiente e impide el acceso a servicios públicos esenciales.

Bogotá D.C., junio 24 de 2015