El caso uwaSe hace referencia en este capítulo al enclave como concepto geopolítico. Interesa aquí destacar las características y consecuencias sociopolíticas de este tipo de emplazamiento geográfico, que puede ser en algunos casos nodo de una “economía de enclave”, aunque se trata de procesos que no son necesariamente sinónimos. Para ampliar esta distinción ver: Vinokourov (2007); Legrand (2006) y Choon-Piew (2009


La historia comienza cerca del mediodía del 10 de enero de 1995 en la ciudad de Arauca, cuando se da inicio a una reunión de consulta previa. En esta ocasión fueron participantes la Occidental Petroleum Corporation (Oxy) y los indígenas uwas, quienes habitan lejos de allí, en las faldas de la cordillera de los Andes. En la consulta estaban en juego dos formas de entenderla: para unos, consultar quiere decir informar, reservándose la potestad de decidir, y para los otros, consultar implica tener en cuenta el punto de vista y reconocerle participación en la decisión misma. Para los indígenas consultar se entiende como concertar o acordar, e incluso como otorgar al consultado el poder de decidir: “en nuestra consulta fijamos nuestra posición con base en el amplio consenso”. Aun más si se tiene en cuenta que a partir de la Constitución de 1991, el Estado colombiano ha reconocido las autoridades indígenas como parte del Estado,20Para un recuento de la complejidad de las prácticas de sustento y de reproducción de la biodiversidad de selva por parte de este grupo, ver: Cárdenas et ál. (2000) y Cabrera, et ál. (1999).  quienes invocan además el espíritu del Convenio 169 de la oit.

 

Esta confrontación se prolongó varios años. En ella intervinieron las más altas cortes del país: el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, las cuales emitieron fallos contradictorios con relación al cumplimiento o no de la consulta, así como, dándole al conflicto visibilidad global, una coalición de ong colombianas (con el proyecto “Colombia es U’wa”)21De acuerdo con Jon Landaburu, fundador del Centro colombiano de estudios de lenguas aborígenes (CCELA), la ortografía adecuada es sin apóstrofo: uwa (comunicación personal); en el debate público se generalizó el uso del apóstrofo, que contribuye a exotizar la imagen de este pueblo.  y norteamericanas (que conforman el U’wa defense working group), tres de cuyos miembros fueron asesinados por las farc cuando se desplazaban a la región, en 1999. Este hecho puso fin a las sugerencias que se habían hecho en el sentido de que los indígenas se oponían al proyecto petrolero a nombre de las guerrillas. Intervinieron, además, las asociaciones campesinas y sindicales de la región, que se movilizaron a favor de los uwas.

 

El caso fue llevado a la Corte interamericana de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (oea) y se conformó una comisión mediadora en la que participaron la Unidad para la Promoción de la Democracia de la oea y el Programa para la Resolución Pacífica de Conflictos y la Supervivencia Cultural, adscrito al Centro Weatherhead de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. Ambas coincidieron en estimar que cualquier resolución al caso debía pasar primero por la respuesta por parte del Estado a una vieja reivindicación de los indígenas: reconocimiento de la integridad de su territorio con la figura de un resguardo. En 1999, se creó el “Resguardo único U’wa”, con un área de 200.913,8 hectáreas en la vertiente oriental de la serranía del Cocuy, cumpliendo así con este requisito.

 

La confrontación, sin embargo, estaba lejos de ser resuelta, pues en el transcurso de los debates esta había sido “etnizada” por parte del Estado, de las compañías y de las organizaciones internacionales, al plantear el conflicto como un problema de “comunicación intercultural”. Por parte de los indígenas y sus asesores, se esgrimían una serie de principios no negociables, que se basan en rasgos esencialistas de la cultura y hacen imposible una concertación: un ejemplo de esto es el centrarse en que para los indígenas el petróleo es “la sangre de la madre”; resulta imposible entonces pedirle a alguien que negocie la sangre de la madre, pues, con sobrada razón, “con lo sagrado no se negocia” (onic, s. f.). Esta etnización del conflicto impidió que se escucharan y se pusieran sobre la mesa las preocupaciones concretas de los uwas con respecto a las actividades del petróleo: el temor a la invasión del resguardo gracias a la apertura de vías de penetración y a la afluencia masiva de gentes, a la violencia y las enfermedades que trae consigo la colonización, el miedo al contagio que de acuerdo con el pensamiento uwa representan los blancos y sus objetos, el miedo a la contaminación de las aguas, a la militarización de su territorio, a los embarazos no deseados de las niñas y adolescentes por blancos, a la destrucción de los bosques que conforman el paisaje cultural uwa, a la corrupción que el dinero trae consigo y a la pérdida de autoridad de sus mayores.

 


Protesta de los indios Uwa, resguardo de Cubará, en 2003.

 

El formular la confrontación como un problema de “interculturalidad” impidió en este caso verla en términos de relaciones de poder. La explotación del recurso se priorizó sobre la vida social de los indígenas. La pregunta central es qué tanto podrían estos grupos dirigir los procesos que la industria introduciría en su vida y si estos mejorarían sus condiciones, de acuerdo con sus expectativas y su concepción de buena vida; o si por el contrario se generarían despojos, dependencias, pérdida de autonomía y de posibilidades de creación (Serje, 2003).22Otras preguntas, también relevantes, es si los indígenas van a lograr su supervivencia cultural sin la presencia de la industria, pero amenazados por otros factores que actúan en sus territorios. O si es posible llegar a una solución de compromiso donde sea posible realizar las actividades de la industria y preservar las culturas.  Toda esta dimensión quedó por fuera del debate y en 2000, en medio de un fuerte operativo de seguridad, se inició la perforación del primer pozo en la zona: el Pozo Gibraltar-1.

 

El caso se complicó debido a la escalada de violencia en la región, que para el cambio de siglo fue invadida por el narcotráfico, el paramilitarismo y los grupos armados ilegales. Como consecuencia de la normativa del contrato de asociación original, Ecopetrol asumió en 2003 los activos y derechos sobre los bloques tras la decisión de la oxy de salir de los mismos, la cual firmó entonces un convenio con el Ministerio del Interior para conformar un equipo que estudiara detenidamente el caso. Se propuso que el Estado debía asumir el liderazgo en la concertación y se definieron un conjunto de estrategias para la realización de una nueva consulta previa, en la que se garantizaran los derechos de los indígenas. En 2005 se inició pues un nuevo proceso de consulta que partió del cumplimiento de todos los requisitos democráticos que esta debía tener. Los indígenas, representados por dos organizaciones, Asowa y Ascatidar, continuaron expresando su oposición al proyecto petrolero en el resguardo y su área de influencia. A pesar de que el Estado, a través del Ministerio del Interior, había dado viabilidad al proyecto de explotación por considerar tanto el proceso de consulta como el plan de manejo ambiental presentado por la empresa, Ecopetrol ha optado por no adelantar trabajos de exploración en el resguardo hasta la fecha. A partir de esta experiencia, Ecopetrol estableció la política de realizar Diálogos Interculturales (tripartitos, porque también participan autoridades estatales) con los pueblos indígenas en desarrollo del enfoque de responsabilidad social corporativa que adopta la empresa como marco estratégico para relacionarse con sus grupos de interés. Si bien a comienzos del presente siglo, la gestión social se supedita al ámbito de los riesgos que implican para la operación y los negocios los problemas de violencia y de gobernabilidad, la empresa lo que se propone hoy es participar en el desarrollo sostenible del país y de las regiones donde se inserta, con un enfoque territorial (trascendiendo el alcance de las zonas de influencia) y con un compromiso con el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos. Ello implica que la acción social de la empresa hoy se propone “ir más allá de los mínimos legales”.

 

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