Ecopetrol S.A hace un llamado de alerta a las comunidades vecinas a los oleoductos y poliductos para que se abstengan de intentar perforar las tuberías que transportan combustibles y evitar hechos lamentables como el ocurrido ayer en Nigeria, país africano donde según informes de prensa murieron alrededor de 500 personas cuando robaban hidrocarburos de un poliducto.

En Colombia, el robo de combustibles es un delito que viene en franco descenso gracias a la acción conjunta de las autoridades, pero cuya práctica pone en constante peligro la vida de decenas de personas que se dedican a extraer ilegalmente hidrocarburos.

Durante la práctica del hurto, niños, jóvenes y adultos se exponen a resultar severamente heridos pues entran en contacto con líquidos inflamables. Cuando se perfora un tubo o se instala una válvula ilícita y se manipulan combustibles de forma improvisada, las posibilidades de un accidente son muy altas ya que a la menor chispa puede generarse una explosión.

El fenómeno delictivo alcanzó graves magnitudes en 2002 cuando carteles organizados y comunidades vecinas las tuberías hurtaban un promedio de 7.200 barriles diarios de las tuberías de Ecopetrol. Con la entrada en operación del Cuerpo Élite de Hidrocarburos de la Policía Nacional, y la colaboración de los organismos de investigación como la Fiscalía, el hurto se ha reducido a niveles históricos de menos de 900 barriles diarios en 2006.

Diferentes normas expedidas desde 2002 hasta la ley 1028 de 2006 han permitido a las autoridades tender un cerco jurídico a todos aquellos que participen directa e indirectamente en el hurto de hidrocarburos, y en el transporte y almacenamiento de combustibles ilegales, estableciendo penas que oscilan entre 6 y 15 años de cárcel y multas de entre 1.300 y 12.000 salarios mínimos mensuales.

De acuerdo con cifras oficiales a diciembre de 2006 se han abierto 1.500 procesos y se han judicializado más de 1.200 personas en todo el país por apoderamiento ilegal de hidrocarburos. De ellas, más de 360 han resultado condenadas y están privadas de la libertad.

De igual manera, se han iniciado más de 300 acciones de extinción de dominio y se han incautado 650 bienes comprometidos en esta actividad delictiva.

Bogotá, 27 de diciembre de 2006